El Ministerio Público Federal (MPF) y el militar (MPM) solicitaron a la Corte que anule seis contratos entre el Comando Logístico del Ejército y la compañía Glágio do Brasil para el suministro de 44.000 cascos balísticos al Ejército, adquiridos en 2014. La evidencia de irregularidades respecto a esta empresa justificaría la intervención fiscal. Un informe técnico aprobado por los miembros del Ejército durante la fase de licitación había atestiguado que los productos no ofrecían seguridad a los militares. Aun así, los cascos fueron considerados elegibles y luego adquiridos por la institución. En conjunto, los contratos representan un coste de 14 millones de dólares para las arcas públicas.
Para los investigadores, la Dirección de Inspección de Productos Controlados del Ejército brasileño no pudo haber certificado la idoneidad de Glágio do Brasil para proporcionar cascos balísticos en el Nivel IIIA. El argumento principal es que la aprobación de la compañía por parte de la Dirección contraría el Informe Técnico Experimental (Retex 2578/10) emitido por dos tenientes coroneles del Ejército. El documento afirma que, aunque no fueron perforados, el equipo mostró "gran deformación", incluyendo la placa testigo, que simula el centro del cerebro del soldado. "De manera contradictoria y sin cumplir con los mínimo de seguridad hacia sus usuarios, los equipos de protección militar proporcionados por la empresa fueron aprobados por el Ejército brasileño," reiteran los fiscales en una parte de la demanda.
Otro aspecto mencionado por los fiscales se refiere a los problemas que afectan el proceso de evaluación adoptado por la Nación para autorizar la fabricación y venta de estos equipos en el mercado interno. Aunque se ha afirmado que siguen el patrón americano, "de ninguna manera cumplen los estándares de prueba requeridos por las normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos", según los investigadores, cuyas normas 0101.04, 0115.00, 0106.01 o 0108.01, Glagio dice cumplir y en las que se había homologado anteriormente.
Deficiencias al absorber el impacto de un proyectil
Otra irregularidad se indica en la acción que se refiere a la atenuación del impacto balístico de prueba. Autorizado por el Ejército, el procedimiento utilizado para evaluar la capacidad de absorber el impacto del proyectil en la columna cervical del usuario del casco,finalmente no se llevó a cabo por parte del Centro de Evaluación del Ejército. Con base en la evidencia de que los cascos proporcionados por la empresa Glágio de Brasil serían inseguros para los militares, los fiscales sostienen que - en la firma de los contratos - fueron afectados los principios constitucionales de economía y eficiencia. Los mismos sostienen además que la decisión del ejército adquiriendo equipos que no cumplen con los requisitos de seguridad, expone a los militares a riesgos cotidianos y puede causar pérdidas millonarias al Estado.
En la demanda, los fiscales pidieron que la medida cautelar que suspendió los pagos de los dos compromisos (según lo ya determinado por un Tribunal Federal) se extienda a todos los acuerdos suscritos entre el Ejército y la empresa desde 2010, y que estos se anulen con orden de la Corte. Los demandantes piden también que el Ejército sea obligado a hacer el intercambio de cascos balísticos GB 55 de nivel III y, respecto a la compañía Glágio de Brasil ordenar el reembolso de las cantidades invertidas en la adquisición de estos equipos.
Esta empresa, fundada en 1991 y certificada ISO 9001:2008, acostumbra a estar presente en todas las grandes ferias internacionales (FIDAE, Eurosatory, LAAD , DSEI e IDEX) ofreciendo también chalecos antibalas, así como blindaje para vehículos terrsetres, lanchas costeras o fluviales, y helicópteros, tanto militares como policiales. Abastece a las Fuerzas Armadas Brasileñas, así como a las Policías Federales y a la de Minas Gerais, su estado-sede.
Fuente: Defensa.com
